El Gobierno provincial terminó 2025 con casi $460 mil millones en el Tesoro y un resultado favorable de $43.809,9 millones. Sin embargo, detrás de los números que el oficialismo presentó como una muestra de orden, quedaron partidas sin utilizar y reclamos sin respuesta en áreas esenciales para la población.
Las cuentas de Inversión recibieron media sanción en la Cámara de Diputados por 25 votos contra 9, luego de una sesión atravesada por fuertes cruces entre los legisladores. Desde el bloque oficialista se defendió la administración de los recursos y el equilibrio fiscal, pero la oposición resaltó el costo social de haber retenido dinero mientras crecían las necesidades.
Eugenia Gallardo, jefa del bloque oficialista, justificó el resultado al señalar la caída de los envíos nacionales, la necesidad de contar con reservas para pagar salarios y el déficit que arrastraba la Provincia. En su intervención también reconoció que el 83% del presupuesto se destina a gastos corrientes y que gran parte de los fondos ya se encuentra comprometida antes de llegar a salud, seguridad, educación y obra pública.
Para el justicialismo, esa explicación queda corta. Joaquín Beltrán, diputado por el departamento Pedernera, señaló la paradoja del Gobierno: lo que antes era una ficción contable hoy se celebra como acumulación financiera. Además, agregó que los recursos disponibles podrían haberse destinado a mejorar los ingresos de docentes, trabajadores de la salud, así como a reforzar la infraestructura provincial.
Los diputados opositores también señalaron una baja ejecución presupuestaria en salud mental, abordaje de adicciones, educación y Vialidad Provincial. Darío Neira sostuvo que la rendición no puede reducirse a comprobar cuánto dinero salió de las arcas públicas, sino que también debe mostrar qué soluciones concretas produjo ese gasto.
María José Zanglá, por su parte, rechazó que la falta de ejecución pueda presentarse como una virtud económica. Para la legisladora, el Gobierno encubre de esta manera problemas de gestión, mientras las consecuencias aparecen todos los días en las redes sociales: familias que organizan rifas o difunden alias para conseguir medicamentos, prótesis y sillas de ruedas que deberían estar garantizados.
Desde el oficialismo, en una clara muestra de falta de sensibilidad ante la profunda crisis social, Víctor Moriñigo respondió que las Cuentas de Inversión no conocen de prioridades o indicadores, sólo pueden evaluarse por sus números.
La discusión terminó cuando el presidente de la Cámara, Alberto Leyes, apagó el micrófono de la diputada Silvia Sosa Araujo en medio de los cruces.
La aprobación dejó una postal difícil de justificar. De un lado, un Tesoro provincial con cientos de miles de millones de pesos y un superávit presentado como éxito. Del otro, hospitales con necesidades, trabajadores que reclaman mejores salarios y familias obligadas a pedir ayuda para acceder a tratamientos o elementos básicos. El dinero estaba. Lo que faltó fue la decisión política de usarlo para mejorarle la vida a la gente.
