El Gobierno provincial abrió la puerta a la minería metalífera con una condición: que no contamine el agua. Esa condición ya existe, tiene fuerza de ley y lleva diecisiete años vigente. La discusión pendiente, entonces, no es simplemente estar a favor o en contra, sino definir quién decide, quién gana y quién paga.
Hay una definición que el gobernador Claudio Poggi repitió en los últimos meses y que ordena buena parte de la agenda económica provincial: San Luis es una provincia minera. La frase vino acompañada de anuncios concretos: un Plan Maestro Minero elaborado junto al SEGEMAR y el Consejo Federal de Inversión, un paquete de promoción de inversiones y empleo enviado a la Legislatura y una apertura explícita a los proyectos metalíferos, hasta ahora el capítulo más sensible de la actividad minera en la provincia.
La condición que puso el Ejecutivo fue que la actividad no contamine ni afecte el agua puntana. Suena razonable. El problema es que esa condición no es una decisión del Gobierno actual. Es una ley.
En octubre de 2008, la Legislatura provincial sancionó una norma que prohíbe en todo el territorio de San Luis el uso de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras sustancias, en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación e industrialización, cualquiera sea el método extractivo. Desde entonces, San Luis integra el grupo de provincias argentinas que restringieron por ley la minería metalífera con sustancias tóxicas, junto con Chubut, Mendoza, Córdoba, Tucumán, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego.
¿Qué proyectos metalíferos son viables en San Luis dentro de la ley vigente? ¿Cuáles requerirían modificarla? ¿El Plan Maestro Minero 2026-2031 se está elaborando bajo esa normativa o anticipando una eventual reforma? Hasta ahora, ni el oficialismo ni quienes cuestionan la apertura minera parecen haber colocado estas preguntas en el centro de la discusión.
Desde el Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental de la UNSL advirtieron sobre lo que consideran una amenaza directa al agua y señalaron algo que excede a esta gestión: las políticas ambientales suelen aparecer en los discursos oficiales como grandes objetivos, pero sin modelos de gestión capaces de prevenir el daño. La intervención termina concentrándose, entonces, en lo que se hace después.
Ese “después” merece precisión, porque es ahí donde puede aparecer el verdadero costo. Si una cuenca se contamina, ¿Quién repara? ¿Con qué recursos? ¿En cuánto tiempo? ¿Existe hoy en la provincia una garantía ambiental, un seguro o un fondo de remediación exigible a la empresa que opere? Un pasivo ambiental puede durar décadas; una gestión, cuatro años. Esa asimetría define quién termina asumiendo el riesgo cuando una actividad privada deja una consecuencia pública.
En una provincia semiárida, donde el agua ordena buena parte de la vida productiva y urbana, la pregunta es más que pertinente.
Además, la discusión aparece en un momento institucional particular. El Gobierno provincial disolvió la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que tenía rango ministerial, una decisión que ya generó interrogantes sobre la capacidad estatal de control. En paralelo, el incendio que arrasó más de 7.000 hectáreas en Estancia Grande sigue, a casi un mes, sin responsables ni imputados. A eso se suman las denuncias por desmontes y tala de bosque nativo en el norte provincial, frente a las cuales también se cuestionó la respuesta estatal.
Pero la discusión no es solamente ambiental. También es económica: ¿a quién beneficia la minería?
Primero hay que mirar el plano estructural. La minería metalífera deja regalías provinciales acotadas, genera empleo intensivo durante la etapa de construcción y bastante menos durante la operación, mientras que buena parte de la renta puede realizarse fuera del territorio. San Luis tiene, además, un antecedente propio: la explotación de tungsteno en el norte provincial llegó a ocupar miles de puestos de trabajo hasta 1980, cuando la actividad fue abandonada.
Después está lo concreto. El paquete de promoción enviado a la Legislatura incluye beneficios fiscales, créditos y fondos de garantía. Quién los recibe, bajo qué condiciones y qué contraprestaciones se exigirán —empleo local, proveedores puntanos, plazos de permanencia— son cuestiones centrales para evaluar la política. También importa saber qué mecanismos de revisión existirán. Hasta ahora, esa información no circuló con el nivel de detalle necesario.
Tampoco se conocen públicamente las empresas interesadas en los proyectos metalíferos ni las áreas concretas bajo evaluación. Sin esos datos, cualquier debate corre el riesgo de quedar atrapado en una discusión abstracta entre quienes prometen desarrollo y quienes advierten sobre el daño ambiental.
San Luis viene de un ciclo largo de promoción industrial que se agotó y enfrenta un mercado de trabajo que no logra absorber a todos los jóvenes que se van. Quien se opone a la minería metalífera también tiene que poder explicar con qué se la reemplaza: qué otra actividad puede generar divisas, empleo formal y arraigo, especialmente en el norte provincial. El “no” que no viene acompañado de un plan productivo puede ser una posición legítima, pero todavía no es una política.
Una definición de esta escala, capaz de comprometer cuencas, territorios y décadas, no debería resolverse solamente en un anuncio de gestión ni en una entrevista. Requiere debate legislativo abierto, información pública, audiencias y participación efectiva de las comunidades afectadas.
No alcanza con discutir si la minería contamina o no. Hay que discutir bajo qué reglas se permitiría, quién controla, quién se beneficia, quién asume los costos y qué ocurre cuando las cosas no salen como fueron previstas.
