El gobernador Claudio Poggi pidió el juicio político contra Cynthia Fernández Paz, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5, por una supuesta arbitrariedad en la regulación de honorarios vinculada a la causa del Parque Vulpiani. Casualmente, se trata de la misma jueza que tiene bajo su órbita el expediente de El Caburé, un conflicto sensible que podría derivar en reclamos millonarios contra el Estado.
El disciplinamiento judicial no es una novedad en el poggismo, y este caso parece seguir la misma lógica. Bajo la apariencia de una reacción institucional, el Gobierno vuelve a avanzar contra quienes pueden incomodar su estabilidad política.
La intención de usar el sistema judicial como medio de coacción queda en evidencia con un dato central: la decisión que fijó los honorarios no estaba firme, ya que la fiscalía apeló y un tribunal superior revisó lo resuelto por la jueza. Entonces, si la justicia ya había revisado la decisión por sus propios medios , ¿por qué la urgencia en pedir la remoción? Que la jueza tenga en sus manos causas que pueden afectar las cuentas del Estado la convierte en una figura clave y, posiblemente, incómoda para el Gobierno actual.
Además, resulta paradójico que el gobernador utilice el caso Vulpiani para atacar a Fernández Paz, siendo que ese expediente funcionó como bandera contra el anterior gobierno provincial, con acciones impulsadas por sectores ambientales y abogados como Romina Muzevich, quien luego integró la gestión poggista. Hoy, esa misma causa es utilizada por el Gobierno como fundamento para avanzar contra la jueza.
La pregunta de fondo es si el jury busca corregir un supuesto error jurídico o despejar el camino frente a expedientes que hoy resultan incómodos para el poder provincial.
