San Luis atraviesa una etapa en la que ciertas escenas dejaron de ser excepcionales. No es solamente que haya más pobreza. Si el problema fuera solo económico, un aumento de ingresos alcanzaría para revertirlo. Y no alcanza. Hay hogares que perdieron la estabilidad laboral que tenían y hoy viven de changas, de un cuentapropismo de subsistencia o de un empleo que puede cortarse en cualquier momento; hay familias que nunca estuvieron del todo adentro y siguen sin estarlo; y hay, cada vez más seguido, situaciones extremas que ocurren a la vista de todos.
Esas situaciones extremas tienen número. Según datos del propio Gobierno Provincial, entre setenta y ochenta personas viven en situación de calle y tres murieron en estas condiciones durante la actual gestión.
El problema también es la vulnerabilidad: la inestabilidad del vínculo con el trabajo, la sensación permanente de estar a un mes de que se corte el hilo, de que cualquier imprevisto termine de empujar hacia afuera a quien todavía logra sostenerse. Porque la exclusión no empieza solamente cuando falta plata, empieza cuando se debilitan los vínculos que integran a una persona a la sociedad como el trabajo, la estabilidad, las instituciones, la posibilidad de proyectar. Si lo que se deterioró es la forma en que una parte de la sociedad se integra, la respuesta también tiene que tocar esa estructura.
En este sentido, una política pública no es solamente lo que un gobierno hace. Es también lo que decide no hacer. Cuando el Estado interviene al dictar una ordenanza, mandar un operativo, despejar una plaza, ordenar el espacio público, eso es política pública por acción. Pero cuando mira un problema, lo mide, lo entiende, y elige no darle soluciones, está actuando por omisión. No hacer nada frente a algo que se podría modificar no es neutralidad ni distracción: es una decisión, con costos, con beneficiarios y con perjudicados. La única diferencia es que la acción se anuncia en conferencia de prensa y la omisión no se anuncia nunca.
Hay un episodio que ilustra las dos cosas juntas mejor que cualquier explicación. En la Terminal de Ómnibus de la ciudad de San Luis se quitaron filas de asientos para que las personas en situación de calle no pudieran pasar la noche ahí. Eso no ocurrió solo. Alguien lo decidió, alguien lo autorizó, hubo presupuesto y hubo operarios que fueron a desatornillar. Lo notable es dónde se aplicó esa capacidad. No sobre la causa que lleva a alguien a dormir en una terminal, sino sobre el banco donde duerme.
Frente a tres muertes que deberían haber movilizado todos los recursos disponibles, la respuesta institucional visible fue el mobiliario. Ahí está el modelo completo: acción sobre las consecuencias, omisión sobre las causas.
La persona pobre deja de ser un ciudadano con derechos y pasa a ser un problema de orden público. Y una vez que ese pasaje se completa, el Estado ya no necesita explicar por qué no resuelve. Le alcanza con mostrar que ordena.
Hay además un error de encuadre que conviene desarmar, porque es el que permite que todo esto se sostenga sin escándalo. Se habla de gente que "quedó afuera", como si se tratara de un sector externo a la sociedad, que se cayó del sistema por su cuenta. No es así. Esa población no está afuera: está adentro, y es producida por el mismo orden económico que se presenta como exitoso.
El contexto nacional, con la eliminación de programas de trabajo, el desfinanciamiento de la salud pública, los recortes en discapacidad, el debilitamiento de las universidades y la pérdida de herramientas históricas de protección social, deja a los sectores más golpeados con menos recursos para sostenerse. Frente a ese escenario, una provincia puede elegir limitarse a acompañar el rumbo general o intentar amortiguar sus consecuencias. San Luis viene optando por la primera alternativa, y hay una escena que lo resume: jubilados y jubiladas reclamando cada miércoles, semana tras semana, sin que eso mueva la agenda provincial. Elegir no amortiguar también es una política. Y el silencio, cuando hay recursos y competencias para hablar, es una posición.
Durante años, la política provincial acostumbró a medir su capacidad de gestión en obras, equilibrio financiero y administración de recursos. Todo eso importa, y buena parte del prestigio puntano se construyó ahí. Pero ninguna cuenta prolija alcanza para explicar una sociedad donde crecen las señales de exclusión y donde cada vez más personas quedan libradas a resolver solas los problemas que exceden cualquier esfuerzo individual.
Una administración puede ordenar números, administrar conflictos y sostener una apariencia de normalidad. Puede incluso desatornillar los asientos donde esa normalidad se rompe. Pero si al mismo tiempo acepta como inevitable que una parte de la sociedad quede cada vez más lejos, esa normalidad empieza a parecerse demasiado a la resignación.
La pregunta que queda para San Luis es incómoda: si cada vez vemos más personas atravesando situaciones extremas, ¿estamos frente a un Estado que está intentando resolver la emergencia o frente a uno que aprendió a administrarla?
