La Casa Rosada concentra sus esfuerzos en conseguir respaldo para las iniciativas económicas que considera centrales, mientras posterga las conversaciones con los gobernadores sobre una eventual reforma del sistema electoral. El Gobierno busca acumular triunfos en el Congreso, fortalecer su posición política y mostrar hacia los mercados que el programa libertario cuenta con un acompañamiento que excede a La Libertad Avanza.
Javier Milei colocó como objetivo inmediato la sesión que el Senado realizará el jueves 16 de julio. Allí se debatirá la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, promovida especialmente por el ministro Federico Sturzenegger y cuyo tratamiento ya había sido aplazado ante las dificultades del oficialismo para reunir los apoyos necesarios.
El proyecto contempla una serie de modificaciones de peso. Entre ellas, flexibiliza las restricciones para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales, limita las condiciones bajo las cuales el Estado puede declarar un bien de utilidad pública para avanzar con una expropiación y agiliza los desalojos de propiedades ocupadas o de viviendas cuyos inquilinos mantienen deudas. También elimina la prohibición de modificar durante tres décadas el uso productivo de terrenos rurales afectados por incendios, una disposición incluida hasta ahora en la Ley de Manejo del Fuego.
La iniciativa forma parte del programa legislativo que Milei presentó ante diputados y senadores oficialistas durante un encuentro realizado en la Casa Rosada y que volvió a ser analizado esta semana por la mesa política del Gobierno. En ambas reuniones, Karina Milei tuvo un lugar central en la definición de las prioridades.
Después de la ley vinculada a la propiedad privada, el Ejecutivo pretende avanzar con cambios en el régimen de Zonas Frías y con la Ley de Inocencia Fiscal. La modificación de las reglas electorales aparece más atrás, no solo porque el oficialismo todavía carece de los votos necesarios, sino también porque aún no resolvió qué estrategia utilizará en cada provincia de cara a las elecciones de 2027.
En los despachos oficiales reconocen que el tema electoral quedará para una etapa posterior, probablemente una vez avanzado el tercer trimestre del año. Hasta el momento, los gobernadores no recibieron proyectos ni precisiones concretas sobre los cambios que pretende introducir el Ejecutivo. Tampoco existen definiciones comunicadas respecto de la posibilidad de habilitar listas colectoras.
Las ideas que sí circulan dentro del Gobierno apuntan principalmente a suprimir las elecciones primarias y a eliminar los espacios gratuitos de publicidad destinados a las agrupaciones políticas durante las campañas. Sin embargo, esas propuestas todavía no forman parte de una negociación formal con las provincias.
La demora también responde a una práctica habitual del oficialismo: instalar primero una discusión en el espacio público y reservar para más adelante los detalles del proyecto. Patricia Bullrich anticipó parte de las conversaciones internas cuando negoció la convocatoria a la sesión del Senado. La jefa del bloque libertario había ganado protagonismo en la comunicación política, aunque redujo sus apariciones públicas luego de la salida de Manuel Adorni del gabinete y del mayor control asumido por Karina Milei y Diego Santilli.
El nuevo esquema quedó expuesto durante las actividades por el Día de la Independencia. La presencia de Milei, sus ministros y las autoridades parlamentarias en el Tedeum fue utilizada para mostrar una conducción más ordenada y una estrategia comunicacional concentrada en la figura presidencial.
Milei encabezó la caminata desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana, saludó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a Belén Ludueña, y participó del encuentro con los Granaderos mientras entonaba la Marcha de San Lorenzo. Más tarde reunió a su gabinete durante el feriado y se mostró en uno de los balcones de la sede gubernamental junto con su hermana y Santiago Caputo, la misma estructura de conducción que había destacado tras el triunfo electoral de 2023.
Durante la reunión volvió a aparecer uno de los proyectos que más interesa al Presidente: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. La intención es establecer límites que impidan a futuros gobiernos recurrir a la emisión monetaria. En el entorno presidencial sostienen que el apoyo amplio a las reformas dificultaría que otra administración pueda revertirlas y, al mismo tiempo, funcionaría como una señal de estabilidad ante inversores y actores financieros.
El mandatario insiste en que no piensa introducir cambios en el rumbo económico. También ratificó que no interrumpirá la apertura de las importaciones, pese a las advertencias sobre el impacto que esa política genera en distintos sectores de la industria nacional.
Ese mensaje también es trasladado a los gobernadores por Santilli. Más allá de los vínculos personales que el jefe de Gabinete mantiene con algunos mandatarios, la posición del Gobierno es que no habrá una reactivación de la obra pública como respuesta a los reclamos provinciales.
La negociación pasa por otros instrumentos. La Nación ofrece la posibilidad de distribuir Aportes del Tesoro Nacional, acordar pagos de deudas, autorizar operaciones de crédito o adelantar fondos correspondientes a la Coparticipación. En algunos casos también se evalúan convenios vinculados con las cajas previsionales provinciales, como los que ya fueron alcanzados bajo la intervención de la Corte Suprema.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, es uno de los mandatarios que se acercaron al nuevo jefe de Gabinete. Participó tanto de su asunción como de los actos realizados en Tucumán, en un contexto en el que su administración necesita asistencia financiera nacional ante las dificultades para conseguir que la Legislatura provincial autorice nuevo endeudamiento. Los adelantos enviados por el ministro Luis Caputo resultan actualmente decisivos para el funcionamiento de su gestión.
Maximiliano Pullaro también se reunió con Santilli. El gobernador santafesino planteó la necesidad de avanzar con el pago de la deuda que el Estado nacional mantiene con Santa Fe y con la transferencia de la ruta A012, que pasará nuevamente a jurisdicción provincial después de haber sido nacionalizada.
Otros mandatarios, como el rionegrino Alberto Weretilneck, fueron convocados con poco margen de tiempo y no pudieron participar. En su caso, tenía compromisos por los aniversarios de Choele Choel y San Antonio Oeste.
Entre gobernadores radicales, dirigentes del PRO, representantes de fuerzas provinciales y mandatarios peronistas existe una coincidencia: todavía no hay una conversación concreta sobre la reforma política. La mayoría considera que recién después de julio podrían aparecer propuestas más definidas desde el Ejecutivo.
Las reuniones también incluyeron reclamos que exceden la agenda legislativa. Uno de ellos está relacionado con el deterioro del Servicio Meteorológico Nacional. Los mandatarios pidieron que el organismo prepare un programa preventivo ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que podría tener consecuencias especialmente graves en el norte argentino.
Otro foco de preocupación es la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas. La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas afecta tanto a sus afiliados como a hospitales administrados por provincias y municipios. El problema también alimenta las críticas de la vicepresidenta Victoria Villarruel contra la gestión nacional.
Dentro del Poder Ejecutivo analizan un acuerdo con una empresa de medicina privada para que los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan derivar allí sus aportes. El modelo sería similar al implementado en el área de Seguridad con la empresa Medicus. De concretarse, el Gobierno volvería a recurrir a una solución basada en la incorporación del sector privado.
El viaje de más de la mitad de los gobernadores a Tucumán no produjo acuerdos específicos. Los mandatarios apenas mantuvieron un intercambio breve con Santilli y un saludo con Javier y Karina Milei, que llegaron poco antes del comienzo del acto. Sin embargo, para la Casa Rosada, la presencia de los jefes provinciales tuvo valor político.
El Gobierno apuesta a que esos acercamientos se traduzcan en votos para las reformas que pretende aprobar durante los próximos meses. Las discusiones electorales pueden esperar. En esta etapa, la prioridad de Milei es consolidar su programa económico, reforzar su autoridad parlamentaria y utilizar cada acuerdo con los gobernadores como una demostración de fortaleza.
