El caso Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo esta semana, y esta vez con fuego amigo incluido. El legislador porteño del PRO, Darío Nieto, salió a cruzar fuerte al jefe de Gabinete y lo acusó de ser “un gran mentiroso” y de “tomar de boludos a los argentinos”, en medio de los cuestionamientos por la investigación sobre su patrimonio.
En ese clima, el oficialismo decidió suspender la presentación de Adorni en el Senado, prevista para el jueves 2 de julio, donde debía brindar su informe de gestión como jefe de Gabinete.
La explicación fue que la exposición podía transformarse en una especie de interpelación pública. Patricia Bullrich lo resumió sin demasiadas vueltas: no tenía sentido llevarlo para que estuviera “ocho horas castigado en público”.
Mientras tanto, La Libertad Avanza buscará que el pedido de interpelación y posible moción de censura necesite dos tercios de los votos para ser tratado. En criollo: ganar tiempo y enfriar la cuestión.
Pero cuando parecía que la decisión ya estaba tomada, Adorni publicó en X que está “a disposición” para presentarse ante el Senado y cumplir con lo que marca la Constitución.
Entre la suspensión, el posteo y las internas oficialistas, la presentación de Adorni quedó más cerca de un show político que de una rendición de cuentas ante la democracia. Si va, queda expuesto; si no va, queda escondido. Y en cualquiera de los dos escenarios, el Gobierno tiene que explicar más de lo que quisiera.
