Facundo Santarone, el asesor estrella de Claudio Poggi y apodado en los pasillos como "el valijero", protagonizó una nueva maniobra que vuelve a cuestionar la ética de la gestión.
A través del decreto 5429, publicado el 22 de junio de 2026 por el gobernador y su ministro Federico Trombotto, se otorgó un crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a María Florencia Bragagnolo, hermana de Santarone. ¿El destino? La realización de picadas contrafuego en su campo ubicado en Zanjitas.
Esta maniobra evidencia un manejo discrecional de fondos que favorece al círculo político del gobernador, una maniobra de ética cuestionable cuando se trata de recursos públicos que pertenecen a la sociedad y que, en teoría, las provincias administran con la estricta obligación de destinarlos al bienestar común y al desarrollo de la región.
Sin embargo, en la gestión de Claudio Poggi esa línea parece haberse borrado por completo. El CFI, un organismo que debería ser una herramienta para fomentar el crecimiento provincial, ha sido desvirtuado hasta convertirse en la caja chica de una administración que parece entender la política como un sistema de repartija.
Mientras la sociedad hace malabares para llegar a fin de mes, el historial reciente de estos movimientos demuestra que no se trata de hechos aislados. Entre el crédito otorgado a Eugenia Vergés, referente del propio CFI, y este crédito para la familia de un asesor sobre quien además recaen sospechas por el manejo de las cajas de las SAPEM, el patrón de la casta vuelve a repetirse.
