Hace unos días, la Cámara de Diputados de San Luis le dio sanción definitiva al RIPEE, el régimen de promoción impulsado por el gobernador Claudio Poggi. Una ley que ordena, simplifica y promete derrame, pero cuya letra chica revela a quién le llueve y quién sigue mirando el cielo. ¿Qué se firmó en nombre del desarrollo?
El RIPEE es un andamiaje ambicioso de sesenta y un artículos que pone bajo un mismo techo beneficios tributarios, subsidios al empleo, gestión de inmuebles fiscales y financiamiento privado. Exenciones de hasta quince años en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores; créditos fiscales, bloqueo fiscal por cinco años y mesas sectoriales. La diputada Eugenia Gallardo respaldó la norma amparándose en la Constitución provincial: el Estado promueve el bienestar mediante el desarrollo económico y fomenta la generación de riqueza en todos los sectores. La pregunta inevitable es ¿quiénes son todos?
El sistema funciona sobre una premisa excluyente: que haya algo que eximir. La exención inmobiliaria supone un inmueble; la de automotores, un rodado; la de Ingresos Brutos, facturación declarada. Quien no tiene patrimonio ni factura no recibe nada. El instrumento es intrínsecamente regresivo y su generosidad crece en proporción directa al tamaño de quien lo pide.
El Programa de Incentivos Fiscales lo hace explícito al exigir una inversión mínima equivalente a dos veces los impuestos devengados en los últimos doce meses. Es una puerta pensada para empresas que ya funcionan bien; el perfil del emprendedor, por ejemplo, jamás cruza ese umbral. A esto se suma que la exención de Ingresos Brutos a la actividad industrial deja afuera las ventas al por menor: el comercio de barrio, el que sostiene la vida económica de los pueblos del interior puntano, queda marginado del beneficio central.
Otra pieza reveladora es la disposición sobre inmuebles fiscales. La norma habilita al Estado a vender o concesionar su patrimonio pero establece que esos recursos no podrán destinarse jamás al gasto público corriente. Es decir, se puede desprender de los bienes públicos, pero tiene vedado que un solo peso de esa operación llegue a un sueldo docente, a un insumo hospitalario o a un comedor comunitario.
El anclaje con el esquema nacional se da mediante a través de la adhesión al RIMI y la articulación con el RIGI. Pero el punto más elocuente es el que autoriza a computar el blanqueo laboral nacional (el Título XXII de la Ley 27.802) como si fuera creación de empleo nuevo. La provincia inscribe en su propia ley que validará como puesto de trabajo flamante lo que es, en rigor, el reconocimiento tardío de un empleo viejo y precarizado. El empleador que tenía gente en negro obtiene condonación previsional en la Nación y, con el mismo trámite, acredita "creación de empleo" para cobrar los beneficios provinciales.
Nadie discute la necesidad de promover al sector privado en una provincia sedienta de empleo formal. La discusión es qué se le exige a cambio a quien recibe quince años de exenciones. El artículo 17 deja los compromisos de personal e inversión librados a la reglamentación del Ejecutivo, y la aprobación de cada proyecto se formaliza por decreto. En todo el articulado no hay una sola obligación de publicar el listado de beneficiarios, de cuantificar el gasto tributario ni de rendir cuentas a la Legislatura sobre qué se resignó y qué se obtuvo. Para colmo, una cláusula final deroga de un plumazo toda normativa que se oponga a la ley.
Que la riqueza se genere en todos los sectores no va a suceder porque una ley lo declare en sus buenas intenciones. Sucederá, o no, según a quién le exija el Estado el esfuerzo y a quién le garantice los privilegios cuando reparte. La historia no se mueve por la fe en promesas abstractas ni por la cómoda inercia de que los beneficios bajen desde las cúpulas.
