La presidenta del Concejo Deliberante de San Luis, Laura Sánchez, fue denunciada penalmente por concejales del Bloque Justicialista por el presunto uso de fondos públicos para pagar la luz de “Suela 13”, su complejo privado de futsal.
Durante más de un año el servicio eléctrico del predio habría sido abonado por la Municipalidad de San Luis a través de un medidor a nombre del Estado. El perjuicio estimado supera los cinco millones de pesos.
La denuncia también alcanza a la secretaria de Hacienda Fabiana Malamud y a Andrea Bustos Lucero, la contadora general, por las autorizaciones vinculadas a esos pagos.
El gasto no habría sido presentado como subsidio ni como asistencia formal, sino incorporado entre las facturas municipales, como si el complejo privado fuera una dependencia estatal.
A esto se suma otro dato: hasta el viernes, en el sistema SIGEM solo figuraba el expediente de habilitación comercial de “Suela 13”. Pero el lunes apareció un segundo expediente, vinculado al cambio de titularidad del servicio eléctrico, con fecha de ingreso del 25 de junio.
El trámite apareció después, pero con una fecha anterior, y terminó de exponer un entramado difícil de justificar: una factura que durante más de un año habría pagado el Municipio, un expediente que antes no figuraba y una maniobra administrativa que llegó justo cuando el escándalo ya estaba en marcha.
El caso golpea de lleno a la gestión de Gastón Hissa, que ahora deberá explicar quién pagó, quién autorizó y quién intervino en el sistema para que el expediente apareciera recién cuando el problema ya estaba en la agenda pública.
