La Justicia de San Luis atraviesa un momento de fuerte tensión institucional en la Segunda Circunscripción Judicial. La causa Molino Fénix llega a una instancia decisiva luego del vencimiento de los plazos de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), ocurrido el 25 de octubre de 2025, sin que —según sostiene la defensa— la fiscalía haya logrado reunir pruebas sólidas que justifiquen la continuidad del proceso.
A pesar del vencimiento de los plazos y del prolongado conflicto de competencia que demoró durante meses el avance del expediente, el fiscal José Alberto Olguín continuó impulsando actuaciones investigativas. La defensa cuestiona que esas actuaciones se hayan realizado sin una autorización legal válida que suspendiera o prorrogara formalmente los plazos procesales.
El planteo es contundente: si los plazos estaban vencidos y no existía una prórroga válida, ¿con qué fundamento legal continuó la investigación?
Un fiscal bajo múltiples cuestionamientos
El caso además se desarrolla mientras el fiscal Olguín acumula múltiples denuncias y cuestionamientos que en los últimos meses fueron expuestos públicamente.
Entre ellos se encuentra la denuncia presentada por Anabela Lucero por presuntos hechos de violencia de género, hostigamiento y violencia política. Según la denunciante, transcurrieron aproximadamente dos meses sin que el Procurador General haya dispuesto siquiera su convocatoria para ratificar los hechos denunciados.
También permanece sin una respuesta institucional concreta el pedido presentado por el diputado Joaquín Beltrán para que se investiguen presuntos vínculos y posibles complicidades entre integrantes de la fiscalía y dirigentes políticos de Villa Mercedes.
La acumulación de estos episodios vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control sobre el Ministerio Público Fiscal.
Ortiz, ante una decisión que trasciende el expediente
El próximo 20 de agosto de 2026, el juez de Garantía N.º 4, Santiago Andrés Ortiz, deberá intervenir en una audiencia que puede resultar determinante para el futuro de la causa Molino Fénix.
En este contexto, la expectativa está puesta en una cuestión central: ¿el juez Ortiz resolverá conforme a lo que establece la ley y a las garantías que rigen el proceso penal, o su decisión estará condicionada por intereses y decisiones políticas?
La defensa sostiene que, una vez vencidos los plazos legales de la investigación y ante la ausencia de una prórroga válida, corresponde aplicar las consecuencias previstas por la legislación y poner fin al proceso.
Por eso, la resolución que adopte Ortiz será observada con especial atención. No solo definirá el futuro de la causa Molino Fénix, sino que también permitirá determinar si, frente a una situación procesal controvertida, prevalece el criterio jurídico y el respeto irrestricto a la ley o terminan imponiéndose decisiones de carácter político.
La Justicia tiene una responsabilidad que no admite interpretaciones: resolver conforme a derecho, con independencia y sin que ningún interés externo determine el resultado de un proceso judicial.
El 20 de agosto, Ortiz tendrá en sus manos una decisión que puede convertirse en una señal institucional: la ley por encima de la política, o la política condicionando a la Justicia.
