La intención del Gobierno Nacional de eliminar las restricciones y bajar los requisitos para la compra de tierras por parte de extranjeros desató una serie de acontecimientos políticos y sociales de suma relevancia en la última semana. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo media sanción en el Senado, pero sin sus dos capítulos más importantes y sin estar exenta de polémica, en un clima social que se tornó hostil para con el oficialismo.
En el marco de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Poder Ejecutivo Nacional proponía una serie de reformas cuyo objetivo expreso era promover la inversión y atraer capitales extranjeros. El proyecto incluía un artículo dedicado a la limitación de la capacidad estatal para realizar expropiaciones, una serie de garantías para permitir desalojos express contra inquilinos en mora, la derogación del régimen de prohibición de actividades sobre suelos quemados en el marco de la Ley de Manejo del Fuego y un nuevo intento por derogar de hecho la Ley de Tierras, luego del fracaso de esta iniciativa en el famoso “DNU 70”.
Un paquete de leyes hecho a medida de los intereses de billonarios extranjeros, que de haberse aprobado hubiera permitido la compra irrestricta de terrenos rurales sin requisitos de residencia o domicilio fiscal, incluyendo zonas limítrofes, cuerpos de agua y territorios estratégicos. Sumado a ello, con el RIGI ya operativo, su adhesión los hubiera blindado con beneficios fiscales, impositivos y aduaneros por treinta años, y la garantía de litigar en tribunales extranjeros en caso de que un futuro gobierno decida contrariar sus intereses. Un negocio redondo para todos, menos para los argentinos, que verían cómo sus recursos son extraídos y su renta es remitida al exterior sin restricción alguna y sin derramar nada al desarrollo y la producción local, pero quedándose con todos los pasivos ambientales.
Pero la presentación en el Senado, iniciada semanas atrás, demostró una falta de timing político por parte del gobierno: el clima de euforia post-mundial, que luego de la victoria frente a Inglaterra llevó la imagen del reclamo por Malvinas a las tapas de todos los diarios del mundo, y el repliegue argentino contra la propaganda masiva en contra del país por parte de medios e influencers extranjeros, propició las condiciones para que un paquete legislativo de estas características no pueda pasar desapercibido. El gobierno decidió pasar la discusión a un cuarto intermedio y posponer la votación para el pasado 6 de agosto, pero la bola de nieve de rechazo popular se hizo cada vez más grande.
Bajo la consigna “La Patria no se vende”, la manifestación en redes sociales en contra del proyecto y, en particular, del apartado correspondiente a la Ley de Tierras, contó con decenas de millones de reproducciones orgánicas y el apoyo de diversas figuras públicas, incluídos artistas e influencers que no se caracterizan por posicionarse frente a cuestiones de política local. Esto llevó a que, un día antes del debate en el Senado, el capítulo dedicado a esta ley fuera retirado del proyecto final sin siquiera someterlo a votación. Para ello, fueron claves algunos Senadores de provincias que otrora habían acompañado iniciativas del Ejecutivo Nacional, pero en este caso se pusieron en contra.
El volantazo del gobierno y las condiciones climáticas parecieron acompañar al oficialismo para evitar una movilización masiva el día del debate, pero la manifestación en las calles fue igualmente populosa y el panorama en el recinto seguía siendo intrincado para la intención del gobierno de obtener media sanción en el resto de apartados del proyecto. En este contexto, luego de un debate de doce horas y a poco de llegar a la votación final, el gobierno decidió retirar también el capítulo que derogaba el régimen de la Ley de Manejo del Fuego, el segundo foco de rechazo del polémico paquete de leyes.
Luego de esta decisión y en una votación reñida, el proyecto obtuvo media sanción sin los dos artículos que más interesaban al oficialismo, y llegará a Diputados con un fuerte sesgo negativo por parte de la sociedad. Según expresaron algunos periodistas e incluso dirigentes del peronismo, esta última operación estuvo digitada por un actor que, sin cargo ni banca, condicionó el voto de algunos senadores clave para que el gobierno tuviera que ceder nuevamente: Sergio Tomás Massa. La Senadora Juliana Di Tullio dejó un mensaje “encriptado” en X mencionando la sigla “STM” a la hora de hablar del triunfo legislativo del peronismo, ratificando los rumores difundidos por algunos periodistas.
¿En condición de qué y a cambio de qué logró Massa esta hazaña? Quizá haya cosas que no sepamos y que sea mejor no saber. Pero en un contexto donde el peronismo arde en internas, pases de facturas y trapos al sol, el ex candidato a presidente vuelve a posicionarse como un actor de peso, con capacidad de torcer voluntades y articular posiciones, pese a llevar casi tres años de silencio público.
