Hace apenas 10 días, en un manotazo de ahogado, Claudio Poggi intentó enjuiciar a la jueza civil Cinthia Fernández Paz. Pero como sabemos, la realidad se impone. Recientemente la magistrada falló en contra del gobierno provincial en la causa por “El Caburé”, dictaminando que la toma de posesión por parte del gobierno fue violenta y clandestina. El relato oficial, que sostiene que los productores habían actuado por fuera de la ley al sembrar 2.000 hectáreas de maíz valuadas en dos millones de dólares que luego desaparecieron misteriosamente, se desmorona.
La situación abre interrogantes sobre la supuesta independencia del Poder Judicial frente a las presiones del Ejecutivo, el poggismo busca margen de maniobra para lavar caras y culpas en la previa de un año electoral, pero esta vez la jugada no salió como esperaban.
La defensa acentuó que San Jorge Cereales y Hacienda, en tanto accionista de la firma El Caburé, se encontraba en posesión legal de las tierras y con derecho al sembrado, remarcando que habían abonado el monto total pautado para una explotación proyectada a 35 años. Las pruebas presentadas echan por tierra el discurso construido desde el oficialismo sobre irregularidades en los pagos.
También fue señalado el accionar del juez de Garantías Leandro Estrada, quien habría realizado maniobras para apartar a los abogados querellantes de la causa, dando por hecho que el predio pertenecía al Gobierno. Claramente Estrada no es el único involucrado, se suman a la lista de partícipes en el operativo de desalojo: el exsecretario de Ética Pública Ricardo André Bazla, el ministro Federico Trombotto y el actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza.
Con este aval civil, la defensa anunció que buscará la restitución definitiva del campo y la revisión de las imputaciones por usurpación que recaen sobre los productores.
El caso que ya lleva más de dos años y que tiene como protagonistas a gran parte de funcionarios de alto rango reabre el debate sobre los límites del ejercicio del poder. El circo judicial que viene montando el gobierno de la provincia no es gratuito, el costo se paga en las urnas.
